La firma de los Tratados Torrijos-Carter el 7 de septiembre de 1977 marcó un hito trascendental en la historia de Panamá y sus relaciones con los Estados Unidos.

Este evento representó la materialización de las aspiraciones de panameños y panameños que lucharon por reconocer la soberanía nacional sobre todo su territorio al lograr la eliminación del enclave estadounidense conocido como Zona del Canal tras setenta y cuatro años de ocupación.

Sin embargo, el proceso de implementación de estos tratados ha recibido menos atención a pesar de haber sido un momento crítico para el país debido a que las miradas de nacionales e internacionales estaban vigilantes a la capacidad de Panamá para administrar el Canal a partir del nuevo siglo.

Esta transferencia, como es de esperar, no sucedió de la anoche a la mañana ya que implicó un proceso de transición social, legislativo y administrativo que duró los veinte años de vigencia del Tratado del Canal de Panamá, uno de los dos acuerdos firmados en 1977.

La entrada en vigor del Tratado del Canal

Luego del arduo proceso de ratificación de los Tratados Torrijos-Carter, el siguiente paso era preparar el terreno para la entrada en vigor de estos y crear la ley que permitiera implementar el Tratado del Canal.

La primera labor estuvo a cargo de comités binacionales que comenzaron a funcionar antes del 1 de octubre de 1979, y cuya función era planificar las tareas incorporadas en el Tratado del Canal en cuestiones administrativas, sociales, económicas y legislativas.

Mientras tanto, la creación de la ley fue responsabilidad de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. El debate de esta ley, al igual que el de la ratificación de los tratados, fue un camino sinuoso que estuvo obstaculizado por los congresistas que no estaban de acuerdo con transferir el Canal a Panamá, lo que implicó una serie de modificaciones al acuerdo inicial

Negociado, ratificado y materializado en la ley no. 96-70 o Ley del Canal de Panamá de 1979.

La ley no. 96-70 y las dificultades de la transición

Mediante la ley no. 96-70 se creó la Comisión del Canal de Panamá (CCP), la entidad que estaría a cargo de administrar la vía interoceánica desde la entrada en vigor de los Tratados, el 1 de octubre de 1979, hasta la transferencia del Canal a manos panameñas, el 31 de diciembre de 1999.

El proceso de implementación de los Tratados Torrijos-Carter se caracterizó por tensiones laborales, administrativas e, incluso, legislativas entre panameños y estadounidenses, debido a la ejecución de esta ley que generó polémica en Panamá porque se consideraba que se alejaba del espíritu original de los tratados, afectando de cierta manera la presencia panameña en la Comisión.

El Tratado del Canal estipulaba que esta entidad estaría dirigida por una junta directiva binacional compuesta por cinco miembros estadounidenses y cuatro panameños e, inicialmente, estaría bajo la dirección de un administrador estadounidense y un subadministrador panameño. Sin embargo, a partir del 1 de enero de 1990, estos roles se invertirían, designando un administrador panameño y un subadministrador estadounidense hasta finalizar la transferencia del Canal.

Sin embargo, debido a esta ley, la Comisión se conformó como una entidad altamente dependiente de la rama ejecutiva de los Estados Unidos a través del secretario de Defensa, y no como una compañía con mayor autonomía, como se había propuesto inicialmente. La presencia de esta figura generó un desequilibrio en la ya desbalanceada junta directiva, pues todos los votos de los directores estadounidenses debían concordar con el voto del secretario de Defensa, lo que implicaba una posible desventaja para Panamá a la hora de tomar decisiones dentro de la entidad.

Para agravar la situación, en salarios también hubo complicaciones, ya que en la Comisión se creó una doble escala salarial, pues los trabajadores que comenzaron a trabajar en el Canal tras el 1 de octubre de 1979 generaban, de media, 40 % menos de lo que devengaban quienes entraron antes de la entrada en vigor de los tratados.

Este nuevo contexto implicó para Panamá otras luchas y desafíos en un nuevo terreno, pero a pesar de estas tensiones internas y del complejo contexto político y económico que se vivía en el país durante la dictadura militar, los panameños dentro del Canal consiguieron algunos logros en esta primera etapa de transición, los cuales serán abordados en una próxima entrega de esta serie.

Para conocer más sobre este proceso de transición, visítanos en el Museo del Canal Interoceánico, abierto de martes a domingo de 9:00 a. m. a 6:00 p. m. frente a la Plaza de la Independencia del Casco Antiguo de Panamá.

El autor es investigador del Museo del Canal Interoceánico.