Son más de 8 mil kilómetros los que recorren las ballenas cada año desde el Polo Sur hasta aguas panameñas, pasando por la costa pacífica de Suramérica. Llegan para tener a sus crías y luego, se devuelven. Esto ocurre en un interesante periodo de “intercambio genético” que comienza en agosto y concluye en noviembre.
Los especialistas en materia ambiental definen muy bien lo que ocurre: “el paso de los cetáceos por las aguas jurisdiccionales de Panamá es uno de los fenómenos más importantes desde el punto de vista de la cadena de biodiversidad”.
Siendo así, sobraban las razones para que se tomaran medidas de protección de estas especies basadas en ciencia y en investigación, como lo explicó Vicente del Cid, gerente de Mercados de MarViva. Y así se hizo.
Científicos, representantes de organizaciones no gubernamentales, autoridades de gobierno, especialistas del Canal de Panamá y de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) llevaron una propuesta a Londres, ante la Organización Marítima Internacional (OMI). De ese encuentro surgió la aprobación de dos sistemas de tráfico marítimo para el Pacífico y el Caribe.
“No se trata de un software. Es una delimitación de rutas marítimas por la que las embarcaciones tienen que navegar cumpliendo con ciertos parámetros”, dice Alexis Rodríguez, del Canal de Panamá.
Detalles
La reglamentación aprobada en la OMI, en el año 2014, limita a 10 nudos la velocidad de navegación de las embarcaciones por las áreas establecidas.
Además, Panamá cuenta, desde ese mismo año, con dispositivos de separación del tráfico marítimo (TSS, por sus siglas en inglés) ubicados en Cristóbal, en el Mar Caribe y la costa del Océano Pacífico, ambos en las rutas de navegación de las entradas al Canal, que son “zonas de convergencia y de gran densidad. Esto, como medida para preservar las ballenas”.
Con ello, se aumenta la seguridad de la navegación en las zonas de convergencia y de gran densidad de tráfico, al igual que en aquellas donde la libertad de movimiento de los buques se ve disminuida por restricciones de espacio, obstáculos para la navegación, limitaciones de profundidad, condiciones meteorológicas desfavorables, aprovechamiento de recursos pesqueros, áreas costeras y la presencia de especies marinas sensitivas y de importancia para la protección de especies y sus hábitats.
El impacto positivo de estas restricciones ya puede medirse: 15 mil toneladas de dióxido de carbono (CO2) reducidas por cada periodo de avistamiento de cetáceos y más del 75% de reducción de gases contaminantes producto de la disminución de velocidad de estas embarcaciones. A ello se suma el beneficio para el turismo y la economía.
Datos del Canal de Panamá, a propósito de sus 106 años de operación, indican que la vía acuática original y el Canal ampliado han superado las 830 millones de toneladas de CO2 reducidas en comparación con la utilización de rutas alternativas.
Según el cuarto estudio de emisiones de la OMI, las emisiones del transporte marítimo internacional representan el 2.89 % del CO2 mundial.
En el caso del Canal de Panamá, el aporte en reducciones es posible porque ofrece una ruta con un tiempo de navegación menor, lo que se traduce en reducción de costos, insumos, combustibles, en consecuencia, en la disminución de emisiones de dióxido de carbono (CO2) de los navíos que la utilizan. Esto, sin duda, la consolida como una Ruta Verde.